PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IMAGINA BURGOS
RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD Y EXIGENCIA DE
RENEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DEL DESVÍO DEL
FERROCARRIL DE BURGOS.
155.- Se dio cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Municipal
Imagina Burgos, relativa a la declaración de lesividad y exigencia de
renegociación del Convenio del Desvío del Ferrocarril de Burgos, interviniendo
en doble turno los Sres. Salinero Lacarta, Fernández Santos y la Sra. Bañeres
de la Torre y en un único turno el Sr. De Foronda Vaquero y el Excmo. Sr.
Alcalde, con el detalle que queda recogido en el Diario de Sesiones.
Concluido el debate y sometido el asunto a votación, la proposición fue
aprobada por unanimidad, con la enmienda presentada “in voce” por el Grupo
Popular y con la enmienda presentada “in voce” por el Grupo Socialista, al
votar a favor los 10 Corporativos del Grupo Municipal Popular, los 7
Corporativos del Grupo Socialista, los 6 Corporativos del Grupo Imagina
Burgos, los 3 Corporativos del Grupo Ciudadanos Burgos y la Corporativa no
adscrita.
La Proposición aprobada se reproduce a continuación:
“El 28/11/1997 se celebra el Pleno Municipal en el que se debate y se
aprueba el “Convenio de Colaboración para la construcción de la variante
ferroviaria de Burgos, entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y
León, el Ayuntamiento de Burgos y RENFE”.
En ese mismo Pleno se votó el “Convenio para la transmisión al
Ayuntamiento de Burgos de los suelos liberados por la puesta en servicio de la
variante ferroviaria de Burgos, entre el Ayuntamiento de Burgos y RENFE”.
El Convenio de colaboración preveía en su 4ª cláusula un coste
estimado de 17.000 millones de pesetas que se repartirían de la siguiente
forma:
- Ministerio de Fomento: 50 %
- Junta de Castilla y León: 25 %
- Ayuntamiento de Burgos: 25%
Se preveía que un posible sobrecoste sobre lo estimado de hasta 2.000
millones de pesetas, se repartiría en los mismos porcentajes: 50; 25 y 25 %
respectivamente.
Todo lo que excediese a esos 19.000 millones de pesetas (114 millones
de €) deberá ser pagado en exclusiva por el Ayuntamiento de Burgos.
RENFE, por su parte, cedía al Consorcio los terrenos que quedarían
desafectados y que se valoraban en 8.000 millones de pesetas.
Se calcula que el importe real de la obra habrá rondado los 240 millones
de €. El exceso de sobre coste es, por tanto, de unos 126 millones de euros.
Al Ayuntamiento le corresponden, por tanto:
• 25% de 114 millones de € = 28.500.000 €
• 100% de 126 millones € = 126.000.000 €
TOTAL: 154.500.000 €
Lo que supone el 64,3% de la obra, sin contar los terrenos que ha
aportado y las tasas a las que ha renunciado.
Este sistema de financiación de la obra es perverso:
a) Esto obliga al Ayuntamiento, apoyado por Fomento y la Junta, a
convertirse en el primer especulador de suelo de la ciudad. Es el primer
interesado en que el suelo esté caro en Burgos para poder hacer frente a los
gastos comprometidos en el Convenio.
b) El dinero sale del bolsillo de los burgaleses al comprarse una
vivienda. Son los burgaleses los que financian la obra ya que los terrenos
aportados por RENFE, cuyo valor en 1998 se estimaba en 48 millones de €,
deben convertirse en 154,5 millones €, que es lo que el Ayuntamiento deberá
aportar. ¿De dónde salen esos 106,5 millones € de diferencia? Del bolso de los
burgaleses. Dinero que se detrae de otras inversiones o gastos más
productivos para la ciudad.
c) Además, se recauda ese dinero de la peor forma posible: no lo hace
vía impuestos (que, al menos, suponen una carga proporcional a la riqueza de
cada cual) sino vía sobrecoste de la vivienda.
d) Los costes de urbanización del futuro bulevar son abonados en su
totalidad por el Ayuntamiento de la ciudad.
Esos 126.000.000 € deberían ser abonados por Fomento ya que fueron
los técnicos del Ministerio del Gobierno de la Nación los que valoraron en 1997
los costes de la obra en 114 millones de €. Los burgaleses no tenemos la culpa
de la enormidad de ese error.
Parte de ese sobrecoste es debido a la conversión de línea convencional
en AVE, parte lo es por elevación del precio de las expropiaciones, y mucho
más lo es por el retraso en la ejecución de la obra (más de 10 años), lo que
multiplica el precio.
La cláusula novena del citado Convenio, establecía la creación de una
comisión de seguimiento, para velar por el cumplimiento de las obligaciones
contraídas. Por el Ayuntamiento de Burgos asistía el concejal de Urbanismo.
Una de las funciones de este órgano era “dar su conformidad, previo a la
aprobación por el órgano de contratación, a las variaciones de coste de las
obras, así como velar por el cumplimiento de los plazos fijados para la
ejecución del Convenio”.
Como la vigencia del Convenio se extiende hasta la liquidación de las
obras, todavía se está a tiempo de denunciarlo en base a su cláusula13.
En el Pleno Municipal celebrado el día 19/12/2002 se aprobaron de
forma definitiva los Estatutos del Consorcio para la gestión de la “Variante
ferroviaria de Burgos”, junto con la resolución de las alegaciones formuladas a
los mismos.
Este Consorcio está formado por el Ayuntamiento de Burgos, Caja de
Burgos y Cajacírculo.
Los Estatutos de dicho Consorcio se aprobaron por acuerdo plenario el
19/12/2002.
En el apartado 5º de su artículo 1º “Se declara al Consorcio beneficiario
de la expropiación de los suelos liberados como consecuencia de la
construcción y puesta en servicio de la Variante Ferroviaria de Burgos”.
Ante la limitación de endeudamiento de los Ayuntamientos se contempla
la posibilidad de constituir consorcios, que según la legislación no son
entidades públicas, pero que surgen de la unión en asociación entre la
Administración Pública, en nuestro caso el Ayuntamiento, con “entidades
privadas sin ánimo de lucro”, donde se enmarcan las Cajas; CajaBurgos y
CajaCírculo. Los primeros pasos en la creación del Consorcio se dan en el
2001, conllevan la aceptación de las Cajas de ser miembro de la asociación y
lo que implicaba una operación de crédito, lo que les convertían por una parte
en miembros del consorcio y por otra a quien les adeudaba el Consorcio. La
operación financiera se estipulo en 61 millones de euros (10.250 millones de
pesetas), pero que dadas las características especiales del Proyecto y sobre
todo de urbanización de la Gran Avenida -Bulevar Ferroviario- , las Cajas
comprometieron unos fondos adicionales de 42 millones de euros (7.200
millones de pesetas). Con datos actuales, la inversión realizada es de 180
millones, y quedan varios tramos por ejecutar.
El Consorcio en manos del PP dio un vuelco a su viabilidad, al centrarse
en operaciones de enriquecimiento privado, tal y como demuestran las cuentas
de 2004. Para atajar esos primeros datos negativos, el Partido Popular de
Lacalle y Aparicio, toman la vía de la especulación con el suelo, a través de un
megaproyecto de infraestructuras, el Bulevar ferroviario y una modificación del
Plan del General de Ordenación Urbanística, que equiparaba a Burgos con
grandes metrópolis. En el 2005, el consorcio aplicando la dedocracia contrató,
por un importe de 7 millones de euros, al estudio suizo Herzog & De Meuron
para la redacción del Master Plan y el diseño del Bulevar.
De acuerdo con el convenio firmado entre Renfe (luego ADIF), el
Ministerio de Fomento, Junta y el Ayuntamiento de Burgos, el coste de las
obras de urbanización del antiguo trazado urbano del ferrocarril valorado en 95
millones de euros, sería sufragado por el Ayuntamiento de Burgos. Para ello
contaría con las plusvalías originadas por la venta de los terrenos desafectados
por el ferrocarril.
Por este motivo, la ordenación urbanística de estos terrenos previó un
urbanismo excesivamente denso, con el fin de conseguir el mayor beneficio
con el que pagar las obras.
El estallido de la llamada burbuja inmobiliaria en la segunda mitad de la
primera década del siglo, hizo caer fuertemente el interés por estos suelos, y
los ingresos por las ventas de las parcelas resultantes han sido muy inferiores
a lo esperado.
Esto ha causado un fortísimo endeudamiento en el propio Ayuntamiento
de Burgos y en el Consorcio creado junto con las cajas de ahorros locales
(Caja de Burgos y Caja Círculo, hoy transformadas en los bancos CaixaBank e
IberCaja), con una muy compleja resolución.
La situación actual es la de un Consorcio en quiebra y un Bulevar
inconcluso. La deuda actual es de 167 millones de euros, mientras que sus
activos no llegan a los 91 millones. Esta situación, esta estafa, es la que
pretenden trasladar a la ciudadanía, a través de un rescate público del
consorcio. Al Consorcio para la Variante Ferroviaria le quedan 80 días para
encontrar 39.172.892 euros con los que saldar parte de los créditos contraídos
entre los años 2003 y 2008, para afrontar la parte que Burgos se comprometió
a pagar de la obra del desvío y la urbanización (bulevar) de los terrenos
liberados con la salida del tren. Son cifras mayúsculas, pero representan
únicamente una parte menor de la deuda real.
Porque el hongo de la explosión alcanza unas dimensiones de
166.855.870 euros y los que están debajo son los ciudadanos de la capital, a
razón de 953 euros por habitante.
Las Cajas, en ningún momento se comportaron como entidades privadas
sin ánimo de lucro ellas gestionaron el Consorcio y generaron pingües
beneficios. A ellas se les encomendó la Gerencia del Consorcio y han obtenido
un enriquecimiento ilícito de las operaciones. En el 2006 se estimó que
cobrarían por costes de gestión y costes financieros de 28 millones de euros,
cifra que en la actualidad es mayor. Se les permitió y permite cobrar el 2% de
los gastos y 2% de los ingresos que genera el Consorcio. Los terrenos que
hace 10 años les valían como pago, ahora no les sirve. Estamos a las maduras
pero no a las duras.
Consideramos que la deuda del consorcio es ilegítima, no son los y las
burgalesas las que deben pagarla. Que las entidades financieras y el Ministerio
de Fomento deben asumir su responsabilidad.
Parte resolutiva:
- Exigir al Ministerio de Fomento y a la Junta de Castilla y León la
renegociación del Convenio de Colaboración para la construcción de la
Variante Ferroviaria de Burgos, suscrito por el Ministerio de Fomento, la Junta
de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos y RENFE, aprobado en sesión
plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Burgos el día 28 de noviembre de
1997, al objeto de que no corresponda a este Ayuntamiento de Burgos el pago
en exclusiva del coste por encima de 19.000 millones de pesetas (114 millones
de euros) derivados de la ejecución de la referida Variante Ferroviaria de
Burgos al no ser una infraestructura de titularidad municipal.
- Crear un equipo jurídico-técnico, en el que participe administrativistas
de reconocido prestigio a nivel nacional, que analice toda la deuda del
Consorcio para la gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos y que
determinará las obligaciones del Ayuntamiento y las del resto de actuantes,
dando de esta forma cumplimiento al acuerdo aprobado unánimemente por
todos los Grupos Municipales en sesión celebrada el día 14 de noviembre de
2014.”
En Burgos a 13 de noviembre de 2015.
