jueves, abril 24, 2014


 
REMODELACIÓN DE LA CALLE S. FRANCISCO.
 

D .Jesús Ojeda Calvo, como Portavoz del Grupo de Concejales de Izquierda Unida(Grupo Mixto) del Ayuntamiento de Burgos ,ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, formula para su discusión, y en su caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo día 10 de febrero de 2006, la siguiente

 

                           

                   PROPOSICION

 

 

 

 

 

Parte expositiva:

 

 

 

1.     Descripción de la calle S. Francisco.

 

La calle S. Francisco es una larga avenida que discurre de NE hacia el centro de la ciudad, bordeando el Cerro del Castillo. En la actualidad es una calle de doble sentido que en el extremo de la calle, aledaño al lateral de la iglesia S. Gil y Parque del Doctor Vara hace una glorieta estrecha que permite bajar por la calle Trinidad a la Plaza de Alonso Martínez y a la calle Sanz Pastor; así como regresar por la calle S. Francisco, o permite ir desde la calle S. Francisco y  a calles transversales con distintos sentido únicos a los vehículos que vienen de la calle Corazas y Tahonas (por el inicio de la calle S. Francisco) y a las que sube por la calle San Gil.

Está permitido el aparcamiento en línea a ambos lados a lo largo de toda la calle. Las aceras son estrechas y la iluminación es con farolas de gran altura.

Carece de zonas verdes y arboladas con la excepción de la plazoleta de Venerables detrás de las ruinas del Convento de S. Francisco.

Carece de servicios públicos y en la zona se han empedrendido otras acciones urbanísticas claramente perjudiciales para el disfrute de los ciudadanos de esta calle (o avenida, ya que su longitud es similar a la actual Avda. del Cid), hasta el punto de que no hay ningún acceso directo al Parque del Castillo debidamente acondicionado.

La circulación de vehículos es abundante por esta calle, ya que no tiene semáforos y conecta esta calle y por consiguiente la ciudad con la parte alta del Casco Viejo y de aquí al barrio de San Pedro de la Fuente, a través del Camino del Gallego , Camino del Arrabal de San Esteban y subida de San Miguel. Por otro lado esta calle permite acceder rápidamente al centro de la ciudad, al carecer de semáforos y bandas limitadoras de velocidad. Así como el acceso a otras partes de la ciudad por las calles Azorín, Zorrilla, Antonio Valdez y Bazán, Diego Laínez, Villarcayo y Sedano.

La conducción es rápida ya que no hay ningún elemento que limite la velocidad de los vehículos, lo cual supone varios riesgos, al tener la carretera un trazado irregular y que se estrecha. Especialmente para los vehículos que acceden a la calle S. Francisco desde las calles Delicias y Padre Flórez. Da problemas a los propios vehículos aparcados, porque no son raros, muy al contrario, es muy frecuente, la rotura de espejos retrovisores, arañazos, choques y desperfectos en  las chapas de los vehículos.

El problema es tanto más complicado cuando se da el aparcamiento en doble fila, especialmente entre los números 13 y 31 de la calle donde concurren más establecimientos comerciales, algún centro público de formación, una ebanistería que tiene un camión que por sus dimensiones, parte de él le estaciona encima de la acera para no ocupar la carretera de paso de vehículos que dificultaría aún más la circulación y talleres de reparación de vehículos.

 

2.     Propuestas de mejora de la calle.

 

Por su cercanía con el centro de la ciudad las actuaciones deberían de ser globales, no sólo dedicadas a la cuestión del tráfico. En general el plan de reforma de la calle iría dirigida hacia los siguientes elementos:

 

2.1.La calle sería de una única dirección, que iría desde la glorieta de la iglesia S. Gil hacia la Avenida del Cid (Hospital General Yagüe), hasta el final de la calle S. Francisco (hospital General Yagüe). Esto evitaría accidentes, siniestros en los vehículos y atropellos en los pasos de cebra existentes en las calles transversales antes señaladas, donde el conductor que llega a la calle S. Francisco debe estar pendiente de: vehículos en sentido contrario, de la cercanía a los vehículos estacionados en línea y de los vehículos que quieren acceder a la calle S. Francisco desde las calles transversales que a su vez tienen que fijarse en los espejos cóncavos fijos que están situados en las aceras de estos cruces de carreteras, además del cruce de peatones y circulación de bicicletas por la carretera.

Esta única dirección permitiría acceder por el Camino Gallego a la circunvalación por la parte alta de la ciudad del Casco Viejo y llegar a S. Pedro de la Fuente tanto por la propia calle como desde Padre Flórez; así como una salida de escape hacia el Hospital General Yagüe para el servicio de emergencia tanto de ambulancias, como de bomberos y Policía ( hacia la Avda. Cantabria) desde el centro y NW de la ciudad.

Permite acortar la anchura de la actual carretera, aumentado las aceras su anchura e incluso poner un carril bici realista.

2.2. Se pondría un cartel en el final de la Avenida del Cid (glorieta con Avda. Cantabria), prohibiendo la entrada de camiones. Muchos camiones se “cuelan” y provocan retenciones de tráfico en la calle S. Francisco,  porque no tienen espacio para circular e intentan maniobrar en la glorieta de que baja a la calle Trinidad.

 

2.3. Se pondrían semáforos en las calles: Padre Flórez y Delicias y en el lado cercano de subida con la calle S. Francisco. De esta manera los vehículos que acceden a la calle S. Francisco desde Delicias o Padre Flórez sólo estarían pendientes de los vehículos que suban por su izquierda. Con ello, desaparecerían los peligrosos espejos cóncavos que distorsionan la visión a los conductores de  los vehículos, o que  no se ven cuando llueve o nieva. Los pasos de cebra existentes estarían en la confluencia de la calle con las calles señaladas.

 

2.4. Las aceras aumentadas permitirían establecer la plantación de masa arbolada en línea con especies frondosas que reguarden del sol que da en días y estaciones soleadas, a lo largo de toda la calle.

 

2.5. Se recuperaría toda la ladera y límites actuales no construidos de El Castillo, mediante medidas expropiatorias de los terrenos particulares que haya, no permitiendo urbanizar ni construir y dando ayudas para la reforestación de las parcelas  privadas,  estableciendo  accesos   al   parque  de  El Castillo  - a lo largo de toda la calle -. Se evitaría así lo que sucedió con el Plan Jerez.

 

2.6. Se establecerían zonas verdes con parque infantil, y/o arbolado en la Plaza Vadillos y en el antiguo “tanatorio de S. José”  de la Camposa.

 

2.7. Cambiar las farolas altas por otras bajas que den más iluminación y sea de luz ecológica.

 

2.8. Se controlaría con rigor la construcción de nuevos edificios que no rompan con la morfología del barrio de Vadillos, ni excedan en altura los ya existentes, como viene sucediendo.

 

 

Parte resolutiva:      

 

El Ayuntamiento de Burgos ACUERDA elaborar un Plan de Actuación para llevar a cabo las propuestas de mejora expuestas en la presente proposición sobre “Remodelación de la Calle San Francisco”, con establecimiento de plazos cortos y presupuesto suficiente.

 

 

Fdo: Jesús Ojeda Calvo


Portavoz de Izquierda Unida Ayto. de Burgos.

 

 

 

 

 

En Burgos a 6 de febrero de 2006.

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

lunes, abril 14, 2014


ARTICULO.

 

COHERENCIA Y SIMPLISMO.

 

            En el pasado Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Burgos, el portavoz socialista Angel Olivares me dedicaba una frase lapidaria de esas suyas: ”¡La coherencia no es simplismo Sr. Ojeda!”. Sonaban como contestación a una petición mía de coherencia entre los grupos de la oposición a los que, como a mí, les parecía” malo de solemnidad”, el convenio para el traslado de los depósitos de CLH del entorno del Campus de San Amaro a otra zona de la ciudad, en el que participa el Ayuntamiento, el Consorcio de la Variante Ferroviaria y la propia empresa. Por medio de este convenio se da un aprovechamiento a la Compañía Logística de Hidrocarburos, en forma de viviendas en el Plan de la Estación, de 28.600 metros cuadrados, 4.000 más de lo que estipulaba el Plan General del año 1999 cuando lo convirtió en un Area de Transformación. Es decir, no sólo paga la Ciudad el traslado, sino que además financia la expansión de la empresa pues pasa de ocupar los actuales 40.000 metros cuadrados a 100.000 en su futura ubicación al lado del antiguo vertedero de Cortes. ¿Entiende Sr. Lacalle lo que digo cuando aviso que la Gerencia de Urbanismo atiende sólo a los intereses privados?

 

         Mi solicitud de coherencia en ese Pleno pareció disgustar a los socialistas acostumbrados a decir una cosa y a hacer la contraria sin que se les arrugue el traje. Tanto Solución Independiente como PSOE votaron junto al PP a favor del Convenio, e IU una  vez más se quedó en solitario votando en contra. No se olvide que no se decidía el traslado, en lo que todos estábamos de acuerdo, sino las contraprestaciones económicas sobre éste. Así el Convenio fue “malo pero bueno”, como decía un titular periodístico al día siguiente.

 

         Los socialistas de Burgos han coincidido con IU y otras organizaciones en su oposición al modelo de construcción y posterior gestión del nuevo Hospital de Burgos, donde la empresa privada optará a explotar 14 servicios y se introduce el ánimo de lucro en la Sanidad Pública. Este mismo modelo, Aparicio lo quiere aplicar a la construcción de una residencia municipal de ancianos y al PSOE no le parece mal. ¿En qué quedamos? Tan sólo IU se ha opuesto a la concesión de obra pública y posterior explotación por una empresa privada, de la mal llamada Residencia Municipal de Mayores en una parcela del S-4(Villímar Oeste) de 5.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento. Nosotros entendemos que es  la Junta, quien debe invertir para hacer la que sería su primera residencia pública de ancianos en Burgos, desde que tiene las competencias, algo a todas luces absolutamente necesario. La concesión de servicio público es por 50 años, obligando tan sólo a tener 40 plazas sociales reservadas para el Ayuntamiento, donde se pagará el 75% de la tarifa normal, que es de 1300 euros al mes. Este último es el precio que deberán pagar los  100 ancianos asistidos que pretendan ir a esta “Residencia Municipal” muy lejos de lo que debe ser una auténtica política social al respecto. ¿Y ésto al PSOE sólo le sirve para abstenerse? Regalamos el terreno, obtenemos una miseria, hacen negocio a costa nuestra... ¿y no lo votan en contra?

 

         La concesión administrativa de un servicio público ha servido para que la financiación privada entre donde no llega el compromiso de la Pública, pero también para deteriorar los servicios públicos y hacer más precario el empleo, y hay servicios básicos asociados a la sanidad, educación y servicios sociales en lo que no debemos dejar entrar el ánimo de lucro.

 

         Por ello, cuando un representante político entiende que un convenio como el de CLH es perjudicial para los intereses generales de los burgaleses, donde se pierde más que se gana, hay que ser coherente y votar en contra. De otro modo se lanza el mensaje a los ciudadanos de que da igual que estén gobernando unos u otros. Y eso está pasando. Precisamente por eso estoy orgulloso Sr. Olivares de ser un simple-coherente, algo raro en política.

 

 

 

Fdo: Jesús Ojeda Calvo

 Portavoz Izquierda Unida. Ayuntamiento de Burgos.

 

Burgos a 26 de enero 2006

Apuntes tomados sobre docu .consultada tema terrenos UBU avenida Cantabria.

 

Reglamento de expropiación forzosa 1957 Art. 63.

Procederá a la reversión de los bienes o derechos expropiados  en los siguientes casos:

a)      Cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que lo motivó.

b)      Cuando realizada la obra o establecido el servicio quede alguna parte sobrante de los bienes expropiados.

c)      Cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos  a las obras o servicios que motivaron la expropiación.

Rodrigo Rato(PP) modificó sustancialmente este reglamento y Ley de expropiación de tal manera que tras 10 o 15  años ya no existe derecho de reversión a los particulares.

Otra cosa bien distinta es lo que las leyes sobre la regulación universitaria digan...

 

El Ayto. de Burgos cedió los terrenos a condición de que se hicieran los Centros educativos en 5 años y se mantuvieran durante 30 años. La última cesión fue en 1967.

 

Honorato Martín Cobos Alcalde de Burgos y Fdo. Dancausa Pte. De la Diputación fueron los principales impulsores  de que en 1962 por acuerdos de Pleno ( 21 sep 62 y 28 sep 62 respectívamente), se creara el Consorcio Acción Cultural cuyos estatutos  figuran en los archivos municipales así como sus cuentas. El  artículo 3 de los objetivos dice: “ financiación de las aportaciones exigidas por la Dirección General de Enseñanzas Técnicas para la construcción de un edificio destinado a albergar la Escuela de Aparejadores.”El artículo 12 habla “de las aportaciones que realicen el Ayto. y Diputación con cargo a sus presupuestos para pagar las operaciones de crédito” concedidas por Caja de Ahorros Municipal y Círculo Católico, a 10 años y un interés del 8%.

 

Para el caso de la escuela de Aparejadores tanto Ayto. como Dipu. Pusieron 4 millones de ptas. Para ayuda de construir el edificio, y a parte el terreno, que pagaron el coste de la expropiación a partes iguales. Se adoptó para ello el compromiso de ir pagando 500.000 ptas. cada año con cargo a sus Presupuestos .En 1963 se expropiaron estos terrenos y otros que conforman el actual Polígono Docente a:

1)Herederos de Leopoldo Escudero.

                                               2)Sr.Jalón

                                               3)Censo de los 14 de gamonal.

                                               4) Caja de Ahorros Círculo Católico.

En algún docu. se dice que aunque llegaron a un acuerdo sobre el precio(315 ptas metro cuadrado), ello no desnaturaliza su carácter de expediente expropiatorio, que realizó el Gobierno Civil, con Eladio Perlado al mando.

Las expropiaciones forzosas y urgentes se tramitaron el 7 de feb de 1964(BOE 15 feb) y el 30 mayo 196, en nombre del Ministerio de Educación Nacional. Para el primer caso fueron 50.244 metros cuadrados( coinciden con la actual manzana en litigio..) y el segundo otros 21.000 metros cuadrados. En el primer lote se incluye Escuela de Aparejadores, Instituto Enseñanza Media, Escuela de magisterio, Colegios menores y Campos de Deportes e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, además de viales. En el segundo El Centro de Formación Profesional, La Escuela de Comercio y Artes Aplicadas .

 

 

 

Actas municipales:

            -Pleno 31 ene 1964. Asume mitad costo construcción Escuela de Peritos de obras públicas creada por Decreto 3608/63; aporta la mitad de los terrenos y la cantidad de 4 millones ptas; se fija para ello en el Presupuesto la aportación de 500.000 ptas para ello desde 1964.Solicita del Consorcio Acción Cultural una fórmula similar a la que se hizo para la Escuela de Aparejadores.

            -Pleno de 28 ene 1966.Colaborar con los terrenos necesarios para la construcción de Escuela de Artes y Oficios cediendo 4000 metros cuadrados. El ministerio pide 10.000 metros cuadrados para un Centro Politécnico y de F.P. y 7.000 para una escuela de Maestría Industrial. También fueron adquiridos la mitad de los terrenos por el Ayto. De estos 21.000 metros el Ayto. dispone de una parcela propia de 6925. Se compromete a ir pagando estos terrenos con un préstamo a diez años y fija cantidad de 258.166 ptas por anualidad.

 

 

En cuanto a la negociación por el precio, el expediente estuvo paralizado unos meses entre marzo y dic del 67 mientras se llegaba a un acuerdo. Así el Pleno del 31 marzo se fija el precio de 300 ptas más el 5% de afección(art.47 Ley Expropiatoria). Así el Pleno del 7 dic  reparte así los metros cuadrados a pagar a razón de esos 315 ptas:

            Ayto:6925m/2

            Herederos de Leopoldo Escudero:9966,25m/2

            Censo de los 14 de Gamonal:3501,39m/2

            Eduardo Rico:607,35m/2

Este último señor, D. Eduardo Rico y Díez de la Lastra, era en ese momento, el Presidente del Consorcio Acción Cultural, el Teniente de Alcalde Presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, y la cabeza visible de toda la negociación del acuerdo por el precio de la expropiación. O sea él que corta el bacalao, se lo come, se lo guisa...Tiene tinajas el asunto¡¡

 

Los compromisos que constan asumió el Ayto. según un informe de Secretaría de 14 de dic 1967 son:

-Escuela Maestría Industrial, Artes y Oficios y Centro Politécnico de F.P=316.687,50 Ptas

-Escuela de Comercio=630.000 ptas

-Escuelas Técnicas de Grado Medio=210.543,75 ptas.

-Instituto de Enseñanzas Medias y Escuela Normal de Magisterio=161.521,73 ptas.

En total más gastos e impuestos= 1.330.000 ptas Este dinero lo adelanta el Consorcio para financiación y adquisición de terrenos, y el Ayto. se fija anualidad de 197.104 para ir haciendo frente al crédito concedido por las Cajas.

 

A parte de estos gastos se aprecian en la docu. otros gastos en urbanización  que en concreto para la zona del PPO asciende a casi 15 millones de pesetas, pidiendo por ello en un docu. ayuda al Ministerio pues el Ayto. no puede correr con todo el gasto. Esta parcela del PPO es la que corresponde con el suelo de propiedad municipal(6925m/2) que fueron cedidos al ministerio de trabajo y su valor en aquel momento era de 2.181.375 ptas. El terreno del actual IES Simón de Colonia fue cedido en 1976 adquiriendo antes el suelo Ayto. y Dipu. Con casi 10.000m/2 que costaron más de dos millones de pesetas.

 

 

Expediente Instrucción Pública sign 1652.

Se inicia el 23 sep 67 y finaliza 9 marzo 83. Aparece el Sr. Eduardo Rico concejal del Ayto. como propietario de 3.666 m/2 en el entorno del Colegio Nacional de Prácticas, cuya parcela ascendía a 9.000m/2. Otros 8.000 m/2 representan la escuela de Magisterio femenino que se cedió en 1963 con un valor de 8.350.875 ptas en ese momento de la expropiación.

 

Finalmente recordar que el jurado de expropiaciones fijó el justiprecio en 270 ptas-m/2 y el acuerdo con los propietarios final fue el ya referido 315 ptas-m/2, donde la intervención del Sr. Rico a la limón expropiado y expropiante fue decisiva.

 

Leí muchas más cosas pero estos son los apuntes que tomé. Principalmente la docu. por mí consultada se basa en la expropiación y el pago por parte del Ayto. y de la Diputación.

 

 

Jesús Ojeda IU Ayto. Burgos..

Debate Presupuestos Ayto. 2006. Intervención Jesús Ojeda IU.

 

Una señora de Gamonal me paró el otro día por la calle y me dijo, “ten cuidado con los presupuestos que ahí es donde nos las meten “. Pues tiene razón pues es el paso más importante que se da en al Ayto. pues lo que no tiene presupuesto no se hace .Es el reflejo de la acción política.

 

Una año más la presentación del Presupuesto se hace a última hora, sin tiempo para la reflexión, participación, debate, aportaciones

 

Nos  proponen ustedes hacer unos presupuestos participativos y al tiempo no son capaces de dar esa participación  a los diferentes grupos políticos representados en el Ayto.

 

Hemos tenido menos e una semana para estudiar el documento y hacer aportaciones. No nos creemos su modelo de participación, basado en reunir peticiones de los Consejos de Barrio y seleccionar las que les cuadren  según su criterio único.

 

Nuestro modelo de participación ciudadana consiste en una decisión consensuada en la que los vecinos establezcan unas prioridades de inversión, por medio de asambleas y con elección de representantes en una “mesa de Ciudad”. Este proceso debe comenzar en febrero para culminar en septiembre y ser vinculante para devolver el poder al ciudadano.

 

En el Presupuesto del 2006 aumenta la recaudación por encima de las inversiones . Estas últimas vuelven a repetir muchas de las partidas que no se han ejecutado  en años anteriores. En concreto en la liquidación del 2005 lo ejecutado realmente del presupuesto de inversiones no llega al 30%, lo que supone un fracaso de gestión, más si cabe considerando que el PP goza de mayoría absoluta.

 

Este Presupuesto se olvida de su función social redistributiva y equilibradora. No apuesta por políticas sociales básicas en vivienda y empleo para intervenir sobre todo con los colectivos más desfavorecidos : jóvenes, mujeres, ancianos...

 

No soluciona los principales problemas pendientes de la Ciudad.

 

La presión fiscal no respeta los principios progresividad e igualdad, como quedó demostrado cuando no aceptaron nuestras propuestas a la modificación en este sentido de las Ordenanzas Fiscales.

 

Suponen un deterioro evidente de los servicios públicos y una tendencia a la privatización ( externalización para ustedes), así como a la falta de control de las empresas que realizan servicios o tienen concesiones. Así mismo muchos estudios se realizan fuera de esta Casa, cuando se tiene personal suficientemente preparado para ello. Un ejemplo es  la contratación externa del Servicio de Prevención cuando hemos propuesto que se dote el propio Ayto. de personal suficiente para llevarlo a cabo como lo hacen otros Aytos, de nuestro entorno(Bilbao ,León...). En muchos casos se duplican gastos pues hemos de tener personal que controle y supervise el trabajo de estas empresas.

 

Echamos en falta algunas inversiones:

-         Intervenciones en la Bda.Juan XXIII

-         El Silo

-         Pabellón Arena(Pza. Toros)

-         Parque S.Isidro.

-         Ronda Sur.

-         Plan Director para la construcción en barrios de nuevas dotaciones deportivas y Centros Cívicos

-         Políticas de sostenibilidad.

-         Políticas destinadas a ancianos (residencias ..etc)

-         Alquiler social público de viviendas

-         Actuaciones en el PECH .

-         Puntos limpios en los Polígonos industriales.

-         Búsqueda e implantación de nuevos yacimientos de empleo.

-         Escuelas infantiles municipales en diferentes zonas.

 

 

El mayor ahorro que se presupone no sirve para rebajar la deuda, y los aumentos de créditos suscritos por este Ayto. no sirven para incrementar la inversión. Es decir  ingresamos mucho porque se suben impuestos y tasas, la deuda viva se mantiene en 120 millones de euros, y cada vez destinamos más al pago de préstamos destinados a inversiones que no se ejecutan más que en un bajo porcentaje. Es un ejemplo sin duda de mala gestión.

 

La Memoria de la Alcaldía es “una Carta a los Reyes Magos”. Se nos habla del Plan Director de Herzog & De Meuron que no es ni mucho menos lo que se nos dice y ya veremos cuando se ejecuta. Se cita el Hospital General que no es competencia del Ayto. y desde luego de público nada. Se engaña con lo de la Residencia ¿Municipal? de Mayores, y un año más la Escuela infantil de Villalónquejar veremos si es una realidad.

 

De los casi 19 millones euros que se han presupuestado en la Gerencia de Servicios Sociales, díganme cuánto va destinado a inversión y cuánto a subvenciones y convenios.

 

El Informe de Intervención que compara los años 2005-06 nos dice que los impuestos directos suben un 7,88%, las tasas un 12,13%, y en cuanto a los gastos sólo suben las inversiones reales un 11,99%, mientras las transferencias de capital bajan un 12,98%..No existe aún compensación del Gob. Central por la desaparición del IAE a las empresas que facturan menos de un millón de euros anuales.

 

La enajenación de inversiones reales supone unos ingresos previstos de 20 millones de euros fruto de la venta de parcelas de propiedad municipal, destinándose en gran parte a financiar actuaciones que nada tienen que ver lo que la Ley del Suelo establece como destino.

 

En cuanto a las magnitudes el ahorro neto es de casi 7 millones de euros, y el nivel de endeudamiento es del 65,92%, con lo cual se manifiesta que hay suficiente capacidad para poder actuar.

 

Estamos en contra de algunas partidas del Presupuesto como por ejemplo la actuación innecesaria en la Fase 0 de las márgenes del Río Vena con 5.317.410, para sustituir la urbanización, cuando ese dinero es muy necesario en otros barrios de la ciudad que tienen muchos más problemas por falta de infraestructuras y servicios básicos.

 

También nos mostramos en contra de algunas subvenciones que aparecen en el presupuesto de 2006 como por ejemplo:

            -Promoción esquí con la Diputación. Convenio: 63.440

            -Servicio Municipal de Empleo(Lesmes 248.000-Equalred 350.000)

            -Reinserción Social Lesmes(dual 341.000; Ceis 480.448)

            -Juventud(PIJ Scout 33.000-Dipu. Esquí 50.000)

            -Basuras(Lesmes Puntos Límpios 220.000)

            -Festejos(Junta de Semana Santa:21.900;Hdad. Peñas:27.000)

            -Ed. Física( Subvención a Fed. Fútbol CyL mantenimiento Campos Pallafría:224.000)

            -Urbanismo(Oficina de Vivienda:105.000)

            -IMC destina poco a Espacio tangente.

            -Relaciones Institucionales (Cabildo Metropolitano: 200.000)

            -Urbanismo(convenio ARCH para gestión Centro Histórico consorcio:100.000)

            -Gerencia Urbanismo(contrato con Prointec 995.000)

            -Remodelación Estación Autobuses Calle Miranda.

 

Existe un considerable desvío con respecto a lo que estipulaba el Plan Econ. Y  Financiero, con lo cual no se cumple. Aunque sean poco en porcentaje esconden partidas muy grandes

 

.En ingresos los impuestos directos se desvían 6,35%, en indirectos 6,23%, y en tasas un 14,54% nada menos. Capítulo a parte merece el crecimiento desmesurado de la venta de terrenos que sube un 37,67% por encima de lo previsto en el Plan, soportando un preocupante peso(incluso para el Interventor) en el capítulo de ingresos. Sobre esto último en concreto en el informe se nos dice que “no tendrá efectos negativos siempre y cuando éste ingreso llegue a realizarse en su totalidad, si no pudiera afectar al Presupuesto de Inversión”.No digo más si el Ayto. tiene una Sentencia sobre este asunto que aplicar...

 

En el Capítulo de gastos las Transferencias Corrientes(cap 4) se desvían un 16,86% al alza, lo mismo que las inversiones reales(cap.6) 34,93% , y las transferencias de Capital (cap.7) que lo hacen en un 10,21% más.

 

En cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo para 2006 se compone de un mero listado de los puestos y no están valoradas las plazas en muchos casos. Nos mostramos una vez más en contra de los puestos de Libre designación que se proponen. No se entra a hacer una reorganización de los diferentes departamentos del Ayto., y sin embargo se toman algunas decisiones totalmente arbitrarias sin esperar ha realizar una auténtica valoración  y análisis de las plazas y funciones. No se hace nada en cuanto a equiparar las condiciones  de los contratados laborales con respecto a los funcionarios, y no está claro que las interinidades se vayan a suprimir con la oferta pública de empleo que cubriría esas vacantes.

 

Burgos 29 de diciembre de 2005 Jesús Ojeda, Portavoz de Izquierda Unida .

 

PROPOSICIÓN DE IZQUIERDA UNIDA INSTANDO AL GOBIERNO CENTRAL A PONER EN MARCHA MEDIDAS QUE DEFIENDAN AYUNTAMIENTOS CON FINANCIACION SUFICIENTE, CLARIDAD COMPETENCIAL Y AUTONOMIA POLÍTICA.

 

 

 

Izquierda Unida del Ayuntamiento de Burgos, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del  Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el R.O.F de las entidades locales, presenta al Pleno de la Corporación, para su aprobación, si procede, la siguiente PROPOSICIÓN

 

 

 

                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

 

 

Las ciudades son un espacio privilegiado para la solución de los problemas cotidianos de la ciudadanía, son el lugar de encuentro de culturas, etnias e intereses diversos, el banco de pruebas de la efectiva igualdad entre los ciudadanos/as, y escenario prioritario para profundizar en los valores de convivencia, de libertad y de tolerancia, de respeto y de ejercicio de una participación plural de los ciudadanos en la vida pública.

 

 

A su vez, la cohesión social precisa de una intervención pública protagonizada por las ciudades y sus instituciones que son los Ayuntamientos, un protagonismo que exige que tanto el Estado como las CCAA reconozcan el papel político e institucional que las entidades locales han jugado en estos más de 25 años de ayuntamientos democráticos. Es imprescindible dotar de los recursos y las competencias necesarias a los Ayuntamientos para abordar los nuevos retos de la sociedad actual. Es imprescindible la segunda descentralización hacia los Ayuntamientos y además es urgente. Las entidades locales no pueden soportar durante más tiempo la situación actual que une a una muy deficiente financiación de las Corporaciones Locales, una gran indefinición de las competencias. Una realidad en la que los Ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos han asumido por la vía de los hechos la falta de cumplimiento de las obligaciones competenciales de otras administraciones.

 

 

En los últimos años la situación se ha agravado considerablemente con medidas como la modificación del IAE sin la compensación adecuada llevada a cabo por el gobierno del PP, o con la práctica habitual de atribuir

“competencias” a través de leyes sectoriales a los ayuntamientos sin aportar la financiación de las mismas.

 

Con este panorama es muy difícil abordar los grandes retos de futuro de la sociedad actual que expresa sus necesidades y que exige soluciones desde la cercanía.

 

Porque creemos que los servicios se deben prestar por la administración que más eficazmente pueda dar satisfacción a las inquietudes ciudadanas, porque creemos que los servicios públicos de calidad son una garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades, porque pensamos que la participación ciudadana enriquece la democracia y contribuye activamente a la búsqueda de soluciones, defendemos ayuntamientos con financiación suficiente, claridad competencial y autonomía política.

 

 

                           

ACUERDO

 

 

El Ayuntamiento de Burgos insta al Gobierno de la Nación a poner en marcha las siguientes medidas:

 

 

1º.- En la actualidad alrededor del 30% del gasto que realizan las Corporaciones Locales corresponde a competencias de otras administraciones para cuya prestación no se aporta financiación alguna. Ello constituye la “deuda histórica” con las Corporaciones Locales que debe ser compensada adecuadamente por el Estado mediante la correspondiente asignación de recursos.

 

 

2º.- La reforma del IAE ha favorecido una pérdida de recursos por este concepto para los Ayuntamientos que debe ser compensada adecuadamente por el Estado Central, contemplando la situación previa y los escenarios de futuro. Es imprescindible que esta compensación se produzca en el presente ejercicio presupuestario.

 

 

3º.- La aplicación del principio de subsidiariedad y de la Carta Europea de autonomía local a la hora de definir el marco competencial adecuada entre Estado, CC.AA. y entidades locales. Los Ayuntamientos deben asumir aquellas competencias que por cercanía y capacidad de gestión puedan prestar mejor que cualquier otra administración.

 

 

4º.- Para asumir el marco competencial es imprescindible una modificación del modelo de financiación local que suponga un incremento considerable de la participación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado (PIE).

 

 

5º.- El cumplimiento del Art. 142 de la Constitución española que prevé la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales y su participación en los tributos de las CC.AA y del Estado.

 

6º.- Avanzar hacia un modelo descentralizado del Estado, en el que tanto el Estado Central como las CC.AA. asuman el reto de la descentralización hacia los Ayuntamientos, descentralización que debería permitir alcanzar a los Ayuntamientos el 33% del gasto público total del Estado español (frente al 13% actual).

 

 

7º.- El reconocimiento de la autonomía política de los Ayuntamientos, que garantice su plena capacidad de decisión en los asuntos de su competencia sin más sujeción que el respeto a las layes y a los ciudadanos a los que representan.

 

 

8º.-La participación activa de los Ayuntamientos en los foros en los que se discutan las políticas territoriales.

 

 

Consideramos imprescindible que se lleven a efecto las modificaciones legales precisas a fin de garantizar sin cortapisas el acceso de los Ayuntamientos al Tribunal Constitucional en defensa de su autonomía y su marco competencial.

 

 

9º.- Adopción de las medidas legales necesarias que permitan dignificar el trabajo de los cargos públicos locales, sus derechos y medios así como la regulación de las asignaciones a los grupos municipales en  idénticas condiciones a las de otros grupos institucionales.

 

 

10º.- La modificación de las limitaciones de funcionamiento interno de los Ayuntamientos dotándolas de agilidad y eficacia y primando la participación ciudadana como una seña de identidad de la vida política local.

 

 

De la presente Proposición se dará traslado a:

 

-         Gobierno de la Nación

-         Las Asociaciones de Vecinos

-         La Asociación de Mujeres “Montserrat Roig”

-         ATTAC

-         Asociación Ecologistas en Acción

 

 

 

 

 

Burgos a 29 de mayo de 2005.

 

 

 

 

 

 

Fdo: Jesús Ojeda Calvo

 Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Burgos.



 

Propuestas de IU para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

 

 

El precio medio de las viviendas se ha duplicado en 6 años, mientras que las rentas salariales tan sólo han  crecido un 20% en ese período en España. El esfuerzo necesario para adquirir una vivienda representa hoy más del 45% del salario medio, provocando tales niveles de endeudamiento en las familias que el propio Banco de España ha lanzado una señal de alarma. Mientras tanto, la vivienda en alquiler representa tan sólo el 9% del parque total de viviendas, con mucho el más bajo de Europa. A pesar de ello, la Vivienda de Protección Pública ha desaparecido prácticamente del país, y tras ella se ha producido la caída en picado de la VPO de iniciativa privada. Las instituciones públicas se inhiben como agente inversor, no se interviene directamente en el mercado de la vivienda, y se usa un retrógrado sistema de ayudas directas y fiscales, cerrando los ojos ante el descalabro de la vivienda pública y protegida, transformando el territorio en un mero soporte inmobiliario.

 

Para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, IU considera imprescindible un Pacto de Estado entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sobre el suelo y la vivienda, que se fundamente en el gasto público directo, y en el suelo público como motor de una política de vivienda al servicio de la sociedad y no de intereses especulativos. Proponemos sustanciales modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local, para que se potencien los instrumentos municipales de planeamiento y ordenación de los conglomerados urbanos con una planificación hacia la sostenibilidad.. Para ello es imprescindible la participación ciudadana, que para que sea operativa, debe ser suficientemente informada. En este sentido creemos necesario el cambio en la legislación sobre suelo y urbanismo, que contengan las líneas básicas de lo apuntado anteriormente. Del mismo modo pedimos la devolución a los municipios de los terrenos e infraestructuras que en su día fueron cedidos para uso militar, viario, sanitario, etc, y que hayan sido desafectados.

 

En el caso de Burgos Capital se han producido en las últimas décadas algunas circunstancias que nos han llevado a estar entre las ciudades de España con los precios más altos en vivienda .El volumen de viviendas de promoción pública ha sido muy reducido durante 50 años(1940-90), con un 10,20% sobre el total construido. Desde 1970 comenzó el fenómeno de contar con un número considerable de viviendas desocupadas a la vez que se apreciaba una falta de las asequibles. La promoción privada llevaba las riendas de tan próspero negocio. La oferta se dirigía a la creciente clase media y a la clase alta. Los PGOU han sido incumplidos sistemáticamente durante décadas y sólo han servido para legalizar los desaguisados cometidos.

Algunos datos nos pueden servir para ver cómo hemos llegado a la actual situación:

 

            -Las viviendas de promoción pública en Burgos Capital entre 1970-90:  2.238

            -Las viviendas de promoción privada en Burgos Capital entre 1970-90: 17.004

            -De estas últimas el 67%  han sido construidas por grandes promotores, entre

 ellos: A.M Méndez Pozo 2.619,Arranz Acinas 2.282, CAM 865,

             CACCO 716, Glez. Alonso 655, Aragón Izquierdo 582, etc.[1]

 

En los últimos años el proceso ha seguido por parecidos derroteros y el aumento vertiginoso de la construcción de pisos, no ha servido para bajar o estabilizar su precio, al tiempo que la intervención pública ,al ser mínima, no ha solucionado este agudo problema que los burgaleses entienden como el primero y más grave de los que tiene la Ciudad.

 

 

 

 Proponemos las siguientes medidas concretas a tomar:

 

1-     Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, estableciendo la reserva municipal de suelo integrado en la ciudad, un porcentaje más alto en construcción de VPO(en torno al 50%), y densidades  de edificabilidad siguiendo criterios de sostenibilidad. Finalmente, introduciendo condicionantes medioambientales en la edificación y urbanización: ahorro energético, eliminación de barreras, 3ª tubería de agua, arquitectura bioclimática, peatonalización etc. Así mismo se deberá acometer un plan de ordenación de todo el Alfoz.

 

2-     Cumplimiento de la Ley de plazos de edificación. Establecer una cuantificación de las intervenciones públicas a realizar en una legislatura y periodizar la construcción de vivienda de promoción pública: en torno a 500 viviendas anuales sería un buen ritmo. Se construirán nuevos equipamientos sociales al tiempo que las viviendas y los ejes de comunicación.

 

 

3-     Poner en juego el patrimonio municipal de solares y viviendas para uso exclusivo del fin que se persigue: abaratar el precio de la vivienda y solucionar el acceso a ésta por parte de los sectores sociales más desfavorecidos. Incremento constante de este patrimonio con el 5% del presupuesto anual de inversiones.

 

4-     Ampliación de la funciones  de la Gerencia de Urbanismo con el fin de darle la posibilidad de actuar en el ámbito de la vivienda, con más competencias: promoción pública, control de los alquileres, rehabilitación, intermediación, información, elaboración de estudios, etc.

 

 

5-     Es imprescindible llegar a acuerdos entre las distintas instituciones para poder financiar todas estas medidas y trabajar coordinadamente. Establecer un Pacto burgalés por la Vivienda en el que se implique la Junta, Diputación, Gob.Central,  e incluso las Cajas de Ahorro .Ello es debido a la falta de capacidad financiera de los ayuntamientos que no llegan al 15% del gasto total público

.

6-     Creación de un Instituto, Empresa pública o Agencia de suelo, vivienda y alquiler social. IU promoverá la creación de estos instrumentos orientados tanto a la provisión de suelo, como a la promoción de vivienda de protección oficial, y a gestionar y movilizar un parque de viviendas en alquiler social.

 

7-     La participación ciudadana en las políticas de vivienda. Impulsar la participación de los ciudadanos y asociaciones en el diseño, junto con el Ayuntamiento del planeamiento futuro y las políticas que sobre vivienda y urbanismo se diseñen. Potenciar el Consejo Sectorial de Urbanismo para estos fines al tiempo que una mayor información a la ciudadanía en general.

 

 

8-     Drástico incremento en la producción de VPO y Vivienda Social. Pero la VPO que IU propone deberá tener unas características muy determinadas:

-Deberán estar calificadas de por vida, de forma que sólo se transmitan a personas que cumplan los requisitos iniciales, y por el precio que marque la normativa.

-Sólo se cederán en derecho de superficie a 75 años, con precio máximo entre 80.000 a 150.000 euros. A los 75 años revertirán a la Administración.

-Las viviendas sociales sólo se cederán en alquiler con una renta media entre 150 y 200 euros mensuales.

-Todas ellas se adjudicarán por sorteo, con total transparencia de las Administraciones, primándose a colectivos y familias de especiales circunstancia.

 

 

9-     Una decidida apuesta por el alquiler social y protegido. El 40 % de las actuaciones en materia de vivienda protegida tendrán como destino el alquiler.

 

 

10- Vivienda vacía. Creación de Agencias Públicas de alquiler de vivienda, obteniendo el usufructo temporal de éstas para ser alquiladas a precios sociales. Al propietario se le garantiza el cobro del alquiler a precio de mercado y la conservación de sus inmuebles. La diferencia va a cargo de los presupuestos públicos. Se gravará fiscalmente a quien teniendo una vivienda desocupada no la ponga en alquiler.

 

 

11- Ayudas a la rehabilitación y a la compra de vivienda libre usada. Se subvencionará la rehabilitación individual y colectiva de edificios. También se concederán subvenciones para la compra de vivienda libre usada.

 

 

 

12- Nuevas fuentes de financiación. Las Adm. Públicas liderarán acuerdos con entidades privadas para incentivar su participación en operaciones de compra, promoción y alquiler de VPO.

 

 

13- Lucha contra el fraude en materia de vivienda protegida. La admin..Gral. del Estado en cooperación con la Junta, el Ayto. y los notarios y registradores vigilarán el mal uso y el fraude en las VPO, utilizando el derecho de tanteo y retracto donde convenga.

 

 

14- Una nueva legislación sobre suelo. Instar desde el Ayto. a quien tenga competencias a que modifique la Ley del Suelo, garantizando en su texto la consecución del interés público en la ordenación urbanística.

 

 

15- La reforma necesaria de la financiación de las Corporaciones Locales. La venta de suelo público no debe seguir siendo el modo en que los municipios aseguran la financiación de sus crecientes necesidades.

 

 

16- Incremento del gasto público en vivienda y modificación de su estructura. El gasto público en vivienda en España representa tan sólo un 30% de la media de la UE. Además sólo un tercio se dedica a inversión directa  y el resto es gasto fiscal. Proponemos triplicar el gasto, pasando del 1% del PIB actual al 3%, promoviendo la convergencia así con la UE. Y subvertir al tiempo esta estructura del gasto, siendo un 75% el destinado a inversión directa en vivienda protegida.

 

17- Cooperativas de VPO. Se debe apoyar  a las cooperativas con verdadera base social en la producción de VPO, separándolas de las”ficticias”que de forma fraudulenta montan algunas promotoras privadas en torno a los concursos públicos

 

 

18- Protección preferente de determinados colectivos. Los ancianos, minusválidos, inmigrantes, jóvenes, familias  monoparentales, marginales, etc, deberán ser objeto de tratamiento especial en materia de vivienda.

 

19- El medio ambiente y la vivienda. Integración del medio ambiente en los proyectos constructivos por medio de normativas y políticas públicas. Empezando por dar ejemplo en los edificios hechos por la Administración. Promoción de la eficiencia energética y tecnología bioclimática.

 

 

20- La prevención de riesgos laborales. La construcción tiene una gran incidencia en la siniestralidad laboral. Consideramos que se debe impulsar la prevención en este sector y el aumento de inspecciones.

 

21- La reforma del Estatuto del Consumidor en materia de vivienda. IU promoverá un Estatuto legal del consumidor en materia de compra o alquiler de vivienda, que ofrezca protección jurídica a los inquilinos y a los propietarios. Tanto la OMIC como la propia Gerencia de Urbanismo con una oficina de información, pueden encargarse a nivel local de Burgos de los conflictos que surjan en estos temas de vivienda.

 

 

22- El fenómeno de la ocupación. Despenalizar en el Código penal este fenómeno. Diálogo como forma de solucionar las necesidades reales de espacios públicos.

 

23- Establecimiento de programas de actuación  pública concretos. Sirvan como ejemplo los siguientes:

 

 

-         Construcción de viviendas en venta, acogidas a algún régimen de financiación VPO: éstas tienen limitado su precio máximo, y la posibilidad de obtener préstamos cualificados y subvenciones de la Admón. Central  y Autonómica. Su superficie oscila entre 50 y 90 metros cuadrados. Los destinatarios no deben superar unos ingresos anuales de 5,5 veces el SMI. Se establece un pliego de condiciones; el plazo para optar a estas viviendas está abierto todo el año, formando un listado de demandantes. Se atiende en primer lugar a aquellos que no disponen de vivienda en propiedad, incorporándose después a otros que cumplan la normativa para el acceso a VPO(R.D. 1/2002).

 

-         Viviendas en alquiler. Se trata de viviendas de nueva planta o procedentes de edificios rehabilitados , destinadas al alquiler o a la cesión de superficie por un número de años. Tienen limitada su renta mensual y también se acogen  a régimen de financiación de VPO, así como ayudas de la Junta y Fomento. Los destinatarios son personas con ingresos anuales ponderados de 2,5 veces el SMI, y la renta máxima anual no puede superar al 2,5% del valor de la vivienda. Como en el caso anterior se aplican unos baremos y se mantiene un listado de demandantes. El Ayuntamiento gestiona directamente su parque de viviendas en alquiler.

 

 

-         Fomento del alquiler de viviendas desocupadas. Tras hacer un censo de viviendas vacías en la ciudad, el Ayto. contactará con los propietarios para que las pongan a disposición de ser alquiladas por el primero, garantizándoles el pago del alquiler y la devolución de su vivienda en perfecto estado al finalizar el contrato. De forma paralela se establecerá un programa de ayuda al pago del alquiler para jóvenes, mujeres y familias con pocos recursos. Por último se gravará a la vivienda desocupada con un tipo de IBI el máximo permitido por la legislación.

 

-         Programa de rehabilitación de edificios y espacios urbanos degradados. Los edificios que se acogen a estas ayudas, así como los solicitantes, deben cumplir con unos requisitos relativos a tipos y necesidad de las obras a realizar, características y edad del edificio, ubicación, así  como una limitación de los ingresos por parte de quien solicita las ayudas. En el caso de espacios urbanos se trata de una actuación directa del Ayto. en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar su adecentamiento de calles, plazas, fachadas, medianerías...

 

 

-         Colaboración con los programas de área de rehabilitación integral(ARI)que designe la Junta, como los de Río Vena y en futuro del Centro Histórico, y barriadas como Juan XXIII e Inmaculada, y otros que se propongan.

 

-         Medidas de rehabilitación de viviendas vacías, especialmente en el Centro Histórico, para ser puestas en manos de la bolsa de alquiler del Ayto. Se debe plantear desde esta institución en algún caso adquirir algún edificio para su reforma y utilización social.

 

 

-         Plan de adquisición diferida a pensionistas. Puede el Ayto. ofrecer unas ayudas o comprar la vivienda a pensionistas en vida con penurias económicas, y luego pasar éstas a la bolsa de alquiler. Como objetivo, la mejora de las condiciones de vida de los ancianos, pudiendo acogerse a programas de vivienda tutelada, residencias, u otras de alquiler social más adaptadas a ellos. Al tiempo se optimizan unas viviendas que fueron pensadas para 4 o más personas y en las que actualmente vive tan sólo 1.

 

-         Otras actuaciones: como generar suelo urbanizado para la construcción de VPO, con destino a la pequeña  y mediana empresa y  sector cooperativo. Por medio de una empresa de capital totalmente municipal o bien directamente por medio de su brigada de obras en algunos casos, construye equipamientos y sistemas de dominio y uso público, así como para otros organismos. Finalmente se puede asumir la iniciativa municipal en la promoción y gestión de aparcamientos públicos.

 

 

-         Se establecerá un programa de financiación para desarrollar todas estas actuaciones, de forma concertada con las instituciones implicadas y Cajas de Ahorro.

 

 

 

Burgos a 10 de octubre del 2004  Izquierda Unida Burgos.




[1] Díaz Miguel ,Pedro. Crecimiento Urbano y segregación social en Burgos 1940-90.IMC Ayto. Burgos.2003.